Frente Auténtico del Trabajo, Mty.

Página del CETLAC-FAT en Monterrey, NL.

Lo que es un hecho es que no existe correspondencia entre el contenido… y los exagerados propósitos de incrementar el empleo: Lic. Arturo Alcalde J

Posted by CETLAC-FAT-Monterrey en septiembre 10, 2012

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA LABORAL DE CALDERON

Lic. Arturo Alcalde Justiniani

1.- Existe una gran incongruencia entre la exposición de motivos y el contenido de la iniciativa; la mayoría de  los analistas, articulistas y periodistas que han escrito o hablado sobre el asunto, se han fundado para sus posiciones en la exposición de motivos que en realidad encubre los objetivos importantes, esto es, los aspectos más lesivos de la propuesta. Hay partes de esta exposición que revierten el sentido específico de algunos artículos, por ejemplo, el relacionado con el outsourcing que se plantea en el punto tres del capítulo de contenido, como una propuesta para evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones del patrón, cuando el efecto es exactamente lo contrario. Si se basa en la exposición de motivos, cualquiera puede pensar que es cierto pues mezcla aspectos centrales con otros secundarios y hace énfasis en los que pueden parecer más populares, esto confunde. Lo que es un hecho es que no existe correspondencia entre el contenido de la ley y los exagerados propósitos de incrementar el empleo y la productividad. La propaganda oficial además, agrega datos sin ningún soporte real.

2.- Los cuatro aspectos centrales de la iniciativa, que corresponden a los verdaderos  OBJETIVOS  de la reforma propuesta y que supondrían los elementos más graves por lesivos a los trabajadores y sus derechos, serían:

a) El tema de la subcontratación. En tan solo cinco artículos se rompe con los principios que rigen la existencia de la relación laboral, aspecto toral de nuestra legislación, que reconoce al patrón como el beneficiario del servicio personal, subordinado de un trabajador.  Esta dependencia material es clave para determinar responsabilidades. La intención de la iniciativa es romperla, reconociendo un régimen de subcontratación que tenderá a convertirse en modelo laboral general, ya que solo garantizaría derechos mínimos. La trampa está en invertir los términos de la responsabilidad imponiendo las cargas al subcontratista y quitándoselas al verdadero patrón que es el que tiene patrimonio y generalmente, otros trabajadores con salarios y prestaciones distintas.

Así, en cinco artículos se crea un sistema que en otros países es regulado con todo detalle para por un lado permitirlo cuando está justificado, pero por otro, evitar su abuso.  En el Artículo 13 señala que los intermediarios son patrones, en el 15 A define el régimen, en el 15 B impone la obligación de que sea por escrito, en el 15C refiere a una verificación tanto por parte de la beneficiario como de una unidad de verificación para que el subcontratista cumpla y el 15 D hace referencia a una subcontratación dolosa que es un auténtico galimatías ya que regula una hipótesis extraña, además de que lo doloso no es la subcontratación sino en todo caso, los beneficiarios o verdaderos patrones son los que pueden incurrir en dolo.

b) Contrato por hora (Artículo 83). De manera muy leve, con el claro afán de encubrir su dimensión, se hace referencia a que el patrón puede convenir el pago por hora. En primer lugar, habría que señalar que ya la ley en la parte inicial del artículo 83, admite la posibilidad del pago por unidad de tiempo o de cualquier otra manera. Sin embargo, es necesario distinguir el pago por hora del contrato por hora. Todos los argumentos que se esgrimen para defender esta propuesta encuentran satisfacción en el régimen actual que permite contratar por tiempo parcial con múltiples modalidades, con una gigantesca flexibilidad. Pero la pretensión es distinta, se busca compactar y agotar toda la relación laboral en un contrato o convenio que se cumple simplemente pagando y que excluye prestaciones, antigüedad y estabilidad, o en otras palabras, suprime todas estas, ya que son dos versiones del mismo fenómeno, los patrones dirán “ya está incluido” y los trabajadores, “no me lo han pagado”, porque obviamente, el precio de esa hora está sustentada en una negociación desigual.

La referencia a otros países es equivocada ya que se da en un contexto distinto, no solo en cuanto a los montos salariales que se perciben, lo cual sería suficiente para impugnar, sino en un contexto de negociación colectiva por rama y cadena productiva o de protección social complementaria como el seguro de desempleo y la protección social universal, aspectos que son clave para ponderar tanto la propuesta de subcontratación como la de contrato por hora.

c) Límite de salarios caídos hasta por un año. (Artículo 48). La propuesta de limitar los salarios caídos hasta por un año

COMENTARIOS (II)

Pretende responder a la excesiva lentitud de los juicios laborales haciendo pagar a los trabajadores el costo de la tardanza en lugar de diseñar un cambio en el sistema de justicia para que no exista tal lentitud. Se reconoce el vicio, se mantiene el vicio, se promueve que se amplíe el vicio y terminan pagando los trabajadores. Cuando un grupo de abogados asistió a discutir el tema con el entonces Secretario del Trabajo, Javier Lozano, éste señaló que la idea la habían tomado de la legislación española, aunque bien sabemos que provino de los abogados patronales encabezados por Tomás Natividad y Jorge del Regil, quienes redactaron varios artículos que son relativamente nuevos como éste y que no aparecen en la iniciativa de Abascal. Al analizar la legislación española, confirmamos que efectivamente hay un límite a los salarios caídos a cargo del patrón, pero el resto lo paga el Estado que es la parte que omitió Lozano.

Sería gravísimo admitir esta propuesta pues suprimiría los derechos en su conjunto, ya que acota el costo del despido a un año máximo si el trabajador demanda, gana y cobra, esto generaría un desequilibrio que obligaría a los trabajadores a convenir la sesión de sus derechos con pagos mínimos porque la expectativa de un año máximo sería a cinco años vista en el mejor de los casos. Obviamente, provocaría más lentitud porque los abogados empresariales evitarían a toda costa cubrir los salarios caídos en el supuesto de que perdieran el juicio. En este punto, creemos que sería posible entenderse con algunos legisladores, pues al igual que los dos puntos anteriores, son temas suicidas para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad y conocimiento de la realidad laboral.

d) Derecho colectivo (Artículos 365 Fracción IV, 390 vinculado al 920 Fracción IV.3, 451 Fracción III y 899 A Fracciones III y IV).

En materia de derecho colectivo existe una gigantesca contradicción de principio, por un lado se propone el voto secreto, la rendición de cuentas y transparencia y por otro, cuando se trata de las relaciones con el patrón a través del contrato colectivo, cierran todas las puertas para que los trabajadores no puedan decidir el sindicato de su preferencia. La intención es consolidar hasta el extremo la máxima de que el patrón decide cual es el sindicato que debe existir en el centro de trabajo.

Para lograr el objetivo de blindar el contratismo de protección patronal, se cierran las dos únicas escapatorias que tienen los trabajadores para buscar un sindicato auténtico: considerando que en México el patrón escoge a su sindicato y que la única vía para cambiarlo es a través del juicio de titularidad, se le ponen a este requisitos insalvables de una dimensión francamente increíble. Se exige así en el artículo 899 A un llamado “requisito de procedibilidad” que es un procedimiento vinculado a otros previos que de no desahogarse no se daría siquiera entrada a la demanda en oficialía de partes, por tener un carácter de “previo desahogo”. Los requisitos empiezan con la obligación de exhibir nombres y firmas de los trabajadores que quieren el cambio, lo cual constituye una auténtica lista negra, pero además, deben acreditar que fueron afiliados con anterioridad a ese sindicato y la formalización de ese proceso de afiliación solo es posible cumpliendo otros requisitos tanto internos como externos, ante la propia autoridad. Si esto no fuera suficiente, se exige una certificación de la autoridad, léase Junta de Conciliación y Arbitraje o Secretaría del Trabajo, según la competencia, que en otras palabras equivale a una autorización ni más ni menos que por parte de los demandados en el juicio, ya que en el caso de las Juntas, éstas se integran con la representación del gobierno, el patrón y el líder sindical hegemónico en la zona que normalmente es con quien el patrón pacta el contrato colectivo del cual buscan deshacerse los trabajadores.

Obviamente estos requisitos son imposibles de cumplir, jamás los trabajadores accederán a correr tales riesgos porque serían de inmediato despedidos, además de que darían un margen de maniobra amplísimo al patrón y al líder impuesto en el contrato colectivo impugnado. Por si fuera esto poco, la iniciativa agrega otro obstáculo adicional para el caso extremo de que alguien pudiera cubrir los requisitos, plantea que no se dará trámite a un conflicto de titularidad sino hasta después de un año en que haya concluido el juicio que cualquier otro sindicato hubiese presentado, la trampa es obvia, si el patrón se da cuenta que los trabajadores están inconformes y se están organizando y buscan cumplir los requisitos de procedibilidad anotados, provoca que lo demanden y estará “protegido” por todo el tiempo del juicio y un año más, además de que se trataría de una fecha incierta y el lugar podría ser ocupado por otro sindicato que impidiera nuevamente el intento de organización de los verdaderos trabajadores. Esta violación a la libertad sindical constituye una maquinación que atenta contra la Constitución y los convenios internacionales, por lo que en el supuesto de ser elevada a la categoría de ley,  tendría que combatirse por la vía del amparo y la denuncia internacional.

La otra ventana que se cierra es la de los emplazamientos a huelga que buscan la firma de un contrato colectivo de trabajo, cuando este no existe. En este caso, se plantean también requisitos insalvables consistentes en la relación firmada de los trabajadores que quieren emplazar a huelga y el acreditamiento de su afiliación previa. Este tipo de emplazamientos en la actualidad, solo es posible hacerlos por sorpresa, ya que de otra manera el patrón firmaría contrato colectivo con un sindicato de protección lo cual obliga a los trabajadores a optar por el otro camino que es el de la titularidad.

Los pocos sindicatos independientes que hay en nuestro país, tienen su origen en demandas de titularidad o emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo, al cerrarse estas dos vías, se blinda el contratismo de protección y se genera un sistema único en el mundo, de tal manera cerrado que obligaría a la acción clandestina parasindical, similar a la existente en las dictaduras, situación que dañaría incluso a las mismas empresas. Esta propuesta proviene de los abogados de la Coparmex quienes desde hace años sostienen la tesis de la “paz absoluta” en el mundo laboral, entendiendo por esta, la consolidación del contrato original firmado por el patrón sin requisitos previos. En la propuesta del PRD se plantea que como en otros países, antes de firmarse un contrato colectivo, este debe ser votado por los trabajadores para que tenga legitimidad en su origen, sin embargo, este es el punto de máxima resistencia por parte del sector empresarial quien reclama su derecho a firmar con quien desee sin que le sometan a los requisitos que contradictoriamente exigen para el cambio de sindicato.

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