Frente Auténtico del Trabajo, Mty.

Página del CETLAC-FAT en Monterrey, NL.

México: Abusos generalizados en la “guerra contra el narcotráfico”

Posted by CETLAC-FAT-Monterrey en noviembre 16, 2011

Noviembre 9, 2011

Human Rights Watch recoge cuatro (4) casos emblemáticos de los abusos de las autoridades mexicanas que (se reproduce abajo).

Ni Seguridad, Ni Derechos

En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país.José Miguel Vivanco, Director para las Américas

(México, D.F.) — En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.

“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe al Presidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil.

Poco tiempo después de asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada y convocó al Ejército mexicano a participar en la lucha contra los carteles, a pesar de los extensos antecedentes de abuso e impunidad de esta institución. Más de 50.000 soldados fueron asignados a esta iniciativa, además de miles de miembros de la Marina, de la Policía Federal y de fuerzas de policía estatales y locales.

En los cinco estados relevados —Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco— Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los carteles. El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos.

Human Rights Watch analizó datos recabados a través de más de 200 entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales. Si bien la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto de las medidas adoptadas por México contra el narcotráfico, no sucedió lo mismo con la investigación y el juzgamiento de estos abusos, según comprobó Human Rights Watch.

Esto se debe, en parte, a que los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles continúan siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado en sus pronunciamientos que estos abusos deben ser investigados en la jurisdicción penal ordinaria, y que los tribunales militares carecen de la imparcialidad y la transparencia necesarias para juzgar a sus propios miembros. El resultado de esta práctica ha sido una impunidad casi total, afirmó Human Rights Watch. En los cinco estados relevados, entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos.

Los agentes del Ministerio Público civil tampoco han adoptado medidas básicas —como entrevistar a testigos clave o visitar la escena del crimen— para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y otros funcionarios civiles. Por ejemplo, según información solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estados relevados, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanos de los estados. No obstante, ningún funcionario ha sido acusado en estos estados por hechos de tortura.

“Estos abusos casi nunca se investigan adecuadamente pero, a pesar de ello, es común que las autoridades se refieran a las víctimas como delincuentes y asuman que sus denuncias son falsas”, expresó Vivanco. “Como resultado, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que impulsar sus propias investigaciones para reivindicar a sus seres queridos”.

En varias oportunidades, el Presidente Calderón ha declarado públicamente que el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico —que su gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011— eran delincuentes. No obstante, datos obtenidos por Human Rights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. La Procuraduría General de la República, que cuenta con facultades constitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Human Rights Watch comprobó que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos. Entre ellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblemente mediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen “confesiones” de acusados que son mantenidos incomunicados en bases militares, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos.

El informe formula recomendaciones específicas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial destinadas a abordar los abusos documentados en el informe, incluidas las siguientes:

  • El Congreso debería reformar el Código de Justicia Militar para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar; y los procuradores generales de justicia de la República y de los estados deberían tomar la iniciativa de investigar todos los casos de posibles violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas supuestamente cometidas por el Ejército.
  • Los funcionarios públicos deberían abstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen las denuncias de abuso antes de que éstas hayan sido investigadas, así como de afirmar que las víctimas de abusos son delincuentes antes de que hayan sido condenadas por algún delito.
  • Los jueces deberían hacer cumplir la prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura, y los legisladores deberían derogar las disposiciones legales —como el arraigo y otras normas excesivamente amplias que permiten la detención de personas in flagrante (mientras cometen un delito)— que facilitan el abuso de los detenidos.

“El gobierno mexicano se enfrenta a carteles que han cometido crímenes aberrantes contra oficiales y civiles por igual”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, en su respuesta, las fuerzas de seguridad deben actuar empleando un estándar diferente, no sólo porque el respeto de los derechos es lo correcto, sino porque además es indispensable para asegurar el éxito de cualquier estrategia para mejorar la seguridad pública”.

Los rostros de las víctimas en México

El informe de Human Rights Watch recoge cuatro casos emblemáticos de los abusos de las autoridades mexicanas que aquí reproducimos

El País.  Madrid,  10 NOV 2011

Jehú Abraham Sepúlveda Garza, desaparecido

A las seis de la tarde del 12 de noviembre de 2010, Jehú Abraham Sepúlveda Garza fue detenido por policías de tránsito en San Pedro Garza García, Nuevo León (norte del país), mientras conducía, supuestamente, sin carné de conducir. Aproximadamente una hora después, Sepúlveda fue llevado a otro cuerpo de policía: la Policía Ministerial, quienes lo interrogaron y lo trasladaron a un edificio de la Secretaría de Marina mexicana. En ningún momento las autoridades dejaron alguna huella sobre su arresto o traslado. Su mujer habló con él por móvil a las siete de la tarde. Sepúlveda le respondió que le habían informado que sería liberado. La próxima llamada no la respondió y, desde entonces, nadie sabe dónde está. Durante los días posteriores a la desaparición de la víctima, funcionarios federales y estatales ofrecieron a los familiares versiones contradictorias sobre si esta había sido detenida y por quiénes, y se negaron a iniciar una investigación del caso.

En los días siguientes a su detención, la policía ministerial ofreció versiones contradictorias de los hechos. En un primer momento, dijeron a los familiares que no lo habían detenido, y luego les informaron que la víctima se encontraba bien y que estaba bajo su custodia. Posteriormente, afirmaron que había sido puesto a disposición de la Marina la misma noche en que fue detenido. La Procuraduría (Fiscalía) de Justicia del Estado de Nuevo León inició una investigación sobre su paradero.

La esposa de la víctima, quien tuvo acceso al expediente, informó a Human Rights Watch que dos oficiales de la Marina declararon ante las autoridades que Sepúlveda les había sido entregado sin aparente autorización, y que fue liberado luego de un breve interrogatorio. Desde los altos mandos de la Marina, se continúa negando que esta institución haya intervenido en la custodia de la víctima.

Raúl Brindis González, muerto durante el arresto

Raúl Brindis González fue detenido en su casa por policías y soldados, que entraron por la fuerza, y que lo detuvieron sin orden judicial frente a sus familiares.

Los familiares de Brindis acudieron a las autoridades civiles para averiguar dónde estaba detenido y por qué razón, pero todos negaron haberlo arrestado. A la mañana siguiente, se pidió a los familiares de Brindis que se presentaran ante la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, donde les informaron que este había fallecido esa mañana a causa de problemas respiratorios mientras se encontraba a disposición del Ministerio Público.

Existen pruebas fundadas que indican que Brindis fue víctima de una ejecución extrajudicial mientras se encontraba detenido. Sus familiares dijeron que gozaba de un excelente estado de salud al momento de su detención; una pericia médica practicada por el Ministerio Público estatal el 9 de noviembre documentó lesiones físicas generalizadas; un perito forense indicó a la familia que habían recibido el cuerpo en la noche del 9 de noviembre, a pesar de que las autoridades afirmaron que entonces Brindis aún estaba vivo; y otro sospechoso, que fue detenido el mismo día que Brindis, afirmó haber escuchado cuando la víctima era llamada para ser interrogada en un lugar adonde él y otros habían sido llevados para ser torturados. Sin embargo, las autoridades sostienen que Brindis murió por causas naturales mientras se encontraba a disposición de la Policía Ministerial, y que habría confesado desde un primer momento que trabajaba para la delincuencia organizada. Ningún funcionario ha sido acusado en el marco de las investigaciones oficiales, y los funcionarios estatales no han realizado averiguaciones básicas que podrían ayudar a esclarecer las circunstancias de su muerte.

Israel Arzate Meléndez, torturado

El 3 de febrero de 2010, Israel Arzate Meléndez fue detenido por un grupo de soldados y hombres vestidos de civil mientras caminaba en la vía pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, y fue llevado a una base militar. Una vez allí, fue mantenido incomunicado y torturado hasta que confesó haber participado en un sonado caso de homicidio múltiple. En esta confesión, reprodujo el relato de los hechos que le proporcionaron quienes lo interrogaron. Tras ser presentado ante la prensa, las autoridades lo trasladaron a una cárcel estatal, pero fue posteriormente sustraído del establecimiento por policías del Ministerio Público estatal y llevado una vez más a la base militar, donde nuevamente fue torturado.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, Arzate informó a la jueza que su confesión había sido obtenida mediante torturas y que posteriormente había sido trasladado fuera de la prisión para ser torturado de nuevo. Pese a ello, la jueza igualmente dictó su procesamiento. También ordenó que Arzate permaneciera en prisión preventiva durante seis meses mientras se llevaba a cabo la investigación, y dicho período luego se extendió por otros seis meses. Al término de este plazo, otra jueza dispuso el arraigo de Arzate en razón de que “ha[bía] aumentado el riesgo para la sociedad”. Fue trasladado a un centro de detención policial, donde permanece. http://noticias.aollatino.com/2011/11/09/violaciones-ddhh-lucha-narco-mexico/

Rocío Elías García y Juan Carlos Peña, asesinados

Los esposos Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría fueron asesinados por soldados el 3 de marzo de 2010, tras quedar atrapados en un enfrentamiento entre militares y hombres armados. Varios testigos vieron a los soldados mover los cuerpos y colocarles armas. Los familiares de las víctimas afirman que durante un encuentro privado los militares admitieron que las víctimas no estaban armadas, pero ningún soldado ha sido acusado judicialmente. Por su parte, los familiares de las víctimas encontraron numerosos obstáculos al intentar obtener beneficios sociales para los hijos de la pareja.

El 3 de marzo de 2010, Elías y Peña, ambos de 29 años, fueron alcanzados por disparos efectuados por miembros del Ejército en Anáhuac, Nuevo León. Dos testigos informaron a Human Rights Watch que las víctimas habían salido de la fábrica donde trabajaban y se dirigían a su automóvil cuando, aproximadamente al mediodía., quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y hombres armados. Elías y Peña se escondieron en su automóvil para resguardarse de los disparos. A continuación, dos hombres armados que participaban en el enfrentamiento intentaron secuestrar su vehículo pero, al verse perseguidos por los soldados, desistieron y se dieron a la fuga. Cuando los agresores se fueron, Peña salió rápidamente del automóvil e intentó correr hasta un sitio seguro, pero fue alcanzado por disparos militares. Regresó entonces al vehículo, donde él y Elías intentaron nuevamente resguardarse. Una vez que cesaron los disparos, con las manos en alto, Elías pidió que ayudaran a su marido, mientras gritaba que eran civiles y no estaban armados. Según versiones de testigos, un soldado que se encontraba aproximadamente a 3 metros de distancia disparó contra Elías. Luego, un grupo de soldados se acercó hasta los cuerpos y les disparó nuevamente a quemarropa.

Los testigos dijeron que, a continuación, los soldados movieron los cuerpos y colocaron armas cerca de ambas víctimas. Uno de los testigos contó a Human Rights Watch que se acercó a un soldado y le preguntó por qué habían matado a civiles que no estaban armados. El soldado respondió: “Tenían que pagar. Dispararon a dos de mis compañeros”.

En un comunicado difundido el día siguiente, el Ejército anunció haber matado a ocho delincuentes en un enfrentamiento armado. La Procuraduría (Fiscalía) de Nuevo León informó a la prensa que entre los “presuntos delincuentes” que fueron asesinados durante el incidente se encontraba una mujer armada que llevaba un carné de identificación de una fábrica de la zona”.

MAS: Los militares en Nuevo León: http://impreso.milenio.com/node/8754360

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