Frente Auténtico del Trabajo, Mty.

Página del CETLAC-FAT en Monterrey, NL.

La Mano Dura y el Orden laboral de la “izquierda” neoliberal

Posted by CETLAC-FAT-Monterrey en noviembre 16, 2011

Coquetos como son los políticos en época electoral, lanzan sus guiños a quienes desean y esperan recibir favores que les permitan disfrutar de las mieles del poder. Para esto, nada mejor que mostrarse a tono con el momento: el sometimiento con la Mano Dura y el Control, mediante la reglamentacion, de los que no aprenden a resignarse a vivir en la exclusión: Las y los Trabajadores. Es el caso del gobierno de Marcelo Ebrard en el D. F., que hace ostentación de la fuerza desalojando manifestación de trabajador@s y reduciendo los resquicios legales por donde las y los trabajadores buscan ejercer su derecho a la Sindicalización, la Libertad Sindical y la Contratación Colectiva. Acción que grupos y organizaciones de trabajador@s y abogad@s laboralistas condenan mediante el siguiente:

BOLETÍN DE PRENSA

15 de Noviembre de 2011.- Las normas anunciadas por el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal a través del Boletín Laboral número 9228, del con fecha del JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2011, constituyen un atentado a los derechos fundamentales de los hombres y mujeres que laboran en las ramas de actividad local, donde prestan sus servicios la mayor parte de su población y también donde más se necesita el ejercicio pleno de estos derechos.

Al dictar estas normas el tribunal laboral local se sometió al capricho de un grupo de abogados empresariales que desde hace tiempo proponían obstaculizar derechos tan importantes como el registro sindical, el cambio de titularidad contractual o el derecho de huelga para consolidar los contratos colectivos de protección patronal que agobian a más del 90% de los centros de trabajo y que son fuente de corrupción constante en nuestro modelo laboral.

La nueva norma dictada para obstaculizar las relaciones colectivas de trabajo en nuestra ciudad viola los derechos humanos, contraviene las normas constitucionales en la materia, se sustenta en criterios y jurisprudencias derogados, lo cual exhibe la baja calidad técnica de sus autores y es fruto de una complicidad inconfesable entre los representantes gubernamentales empresarial y obrera de esa Junta, ésta última sometida a los abogados patronales que los proveen de contratos colectivos de protección:

  • · Establece nuevos requisitos para el registro de sindicatos, no establecidos en la LFT como

o presentación de una “Convocatoria” con el nombre de quién “convoca” a formar un sindicato, dando elementos a la empresa para el despido de quién lo hace.

o Presentar Lista de asistencia a dicha asamblea, con la misma consecuencia que el inciso anterior.

o Nombre y firma de los asistentes a dicha asamblea.

o Acta de asamblea.

o Nombre y firma del comité ejecutivo electo en dicha asamblea.

o Padrón de socios del sindicato querellante, con las mismas consecuencias que los puntos anteriores.

o Acreditación de la relación laboral, requisito imposible de cumplir si no se cuenta con la anuencia del patrón.

o Presentación de los Estatutos, para que la Junta los califique y en la práctica los apruebe, violando con ello la autonomía sindical.

  • · Establece nuevos requisitos para el emplazamiento a huelga:

o Desconoce la facultad de los Notarios Públicos y a los secretarios de Acuerdos adscritos a una Junta especial, para certificar la Toma de Nota existentes, desconociendo la Fe pública otorgada por el estado a estos funcionarios.

o En los emplazamientos a huelga por firma de contrato se exige la lista de los trabajadores afiliados al sindicato que emplaza, incluyendo la dirección de sus domicilios, con el riesgo que ello implica, además del despido.

  • · En el caso de recuentos sindicales:

o La juntara se basará en el padrón de trabajadores otorgado por la empresa, quién podrá excluir, evidentemente, a quién considere pertinente, así como, podrá incluir a quién así le convenga.

El documento no tiene precedente en la historia laboral de nuestro país, en ningún estado, ni siquiera en materia federal, se han atrevido a imponer requisitos de la naturaleza que plantea la Junta, dando cuenta de una degradación creciente de la política laboral en nuestra ciudad, política pública que ha colocado en estado de indefensión a los trabajadores de las ramas de actividad que más requieren protección.

El documento acredita una política intervencionista y corporativa que quiere dar visos de legalidad a prácticas corruptas que desde hace tiempo vienen agobiando a este tribunal y pretenden ser resueltas con medidas cosméticas de corte administrativo.

Es lamentable que nuestra ciudad se convierta en un ejemplo de violación integral del marco constitucional renovado con nuevas medidas a favor de los derechos humanos, por ello, hemos decidido impugnar este documento a nivel nacional e internacional, acudiremos al amparo, a la movilización pública, difundir este atentado en contra de la mayor parte de la población.

Exigimos una investigación que dé cuenta de los intereses involucrados en su proceso de creación, que exhiba a los verdaderos autores e intenciones, reclamamos su inmediata derogación y una nueva orientación a la política y justicia laboral en nuestra ciudad.

Entendemos que el respeto a las normas constitucionales y al ejercicio de los derechos colectivos constituye una premisa para que nuestra ciudad ostente un sello progresista. Los derechos humanos laborales no pueden suprimirse con excusa de una falsa modernidad. Tampoco justificarse en los reclamos de algunos empresarios de suprimir los derechos colectivos como condición para lograr la paz social.

No aceptamos que el Distrito Federal se convierta en la ciudad que implemente las propuestas de reforma laboral que el PAN y la COPARMEX intentaron en el Congreso de la Unión y que al fracasar, encontraron en la debilidad y complicidad de los representantes gubernamentales y gremiales un terreno fértil para imponerlos. Para los hombres y mujeres que habitamos la ciudad de México, los derechos laborales, incluyendo la libre asociación, la contratación colectiva legítima, la justicia laboral imparcial, el derecho a un salario justo y a la protección social no deben ser suprimidos con un decreto por una autoridad que carece de facultades legales para ello, así como de calidad moral y jurídica.

Hoy estamos presentes, abogados, académicos, dirigentes sindicales, organizaciones no gubernamentales, trabajadores, trabajadoras y ciudadanos que juntos lucharemos en favor de nuestra ciudad y, como un elemento central de su futuro, de los derechos laborales de su gente, razón y sentido de cualquier política pública.

Ver Boletín Laboral del 27 de octubre de 2011: http://reforma-laboral-2011.blogspot.com/2011/11/boletin-laboral-de-la-junta-local-de.html

LA REPRESION A LA MANIFESTACION DEL SINDICATO DE PILOTOS:http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/da8a1b307f3b9fbb185b78f7eab5ff7c

 

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