Frente Auténtico del Trabajo, Mty.

Página del CETLAC-FAT en Monterrey, NL.

abusos cometidos durante 2010 (en México) es sencillamente ensombrecedor: Amnistía Internacional

Posted by CETLAC-FAT-Monterrey en mayo 13, 2011

Palabras de  Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional-México, con relación a la situación de los derechos humanos en México.

México vive un momento crítico en materia de derechos humanos. El secuestro y asesinato de decenas de miles de personas en los últimos años, la impunidad como regla frente a la comisión de abusos, la ineficacia de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, el olvido en el que han permanecido las comunidades indígenas en nuestro país, el asesinato de Betty Cariño y de Jyri Yaakkola, de Marisela Escobedo, de Josefina Reyes, de las más de 300 mujeres cuyos familiares difícilmente encontrarán justicia bajo las circunstancias actuales; los nulos avances en la investigación de los abusos cometidos durante la “guerra sucia” y una larga lista de historias de dolor forman este mosaico que retrata la deuda histórica del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

En muchos sentidos el año 2010 fue un año de promesas incumplidas. Desde aquella promesa repetida en tantas ocasiones durante los últimos años por el gobierno federal en el sentido de que se instalaría un mecanismo permanente de protección para periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo, hasta la promesa de dar cumplimiento cabal a las 5 sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido en los últimos años en contra del Estado, las autoridades han fallado en su compromiso con la población mexicana y con la comunidad internacional de hacer de los derechos humanos una realidad en nuestro país.

El recuento de abusos cometidos durante el año 2010 es sencillamente ensombrecedor. Las autoridades mexicanas cuentan al menos 15,000 muertes violentas relacionadas con bandas del crimen organizado. Amnistía Internacional recibió nuevos informes sobre homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a manos de miembros del ejército y de policías municipales, estatales y federales. Decenas de miles de migrantes irregulares que atravesaban México rumbo a los Estados Unidos en busca de una mejor vida, fueron secuestradas, violadas y asesinadas por bandas de delincuentes, en ocasiones en connivencia o complicidad con autoridades. El Ejército mexicano continuó reclamando competencia sobre los casos de abusos cometidos por sus integrantes y las autoridades civiles encargadas de indagar delitos se negaron a emprender investigaciones en estos casos.

Continuaron las amenazas y los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las y los defensores de derechos humanos padecieron situaciones similares con respuestas poco efectivas por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, aún cuando en muchos casos los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos les habían otorgado medidas cautelares o provisionales.

Sin embargo, hay aspectos positivos que deben valorarse. La SCJN desestimó los recursos presentados contra la legalización en el Distrito Federal del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la adopción por parte de estas parejas. Además, después de una intensa campaña nacional e internacional, al menos cinco presos de conciencia fueron liberados.

Esta enorme cantidad de asuntos pendientes nos dibuja una realidad que puede describirse de manera transversal a partir de dos elementos fundamentales.

Por un lado, el hecho de que la política de seguridad pública del gobierno federal ha fracasado a la hora de proteger a los sectores más vulnerables de la población como las y los migrantes irregulares, quienes defienden los derechos humanos, las y los periodistas y las comunidades indígenas.

Por el otro, un clima generalizado de impunidad que cuestiona seriamente la eficiencia y la capacidad del sistema de procuración e impartición de justicia para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de abusos.

El clamor por justicia y dignidad no es ya un discurso focalizado en unos cuantos sectores reducidos. Las movilizaciones callejeras de los últimos días han hecho evidente el hartazgo de una sociedad agraviada por este clima de violencia e impunidad. Estas expresiones de indignación se han venido agudizando y extendiendo a lo largo y ancho de nuestro país y han mostrado a una sociedad que no está dispuesta a esperar indefinidamente los cambios fundamentales que México requiere para que quienes habitamos y transitamos en este país lo hagamos en condiciones de dignidad.

El gobierno mexicano se encuentra hoy en una encrucijada. Puede mantener un estado de cosas y condiciones que han permitido y en ocasiones solapado un mal ejercicio del poder público, o puede atender el clamor social que exige cambios drásticos en un corto plazo para garantizar justicia y dignidad para todas y todos.

Es urgente que las autoridades mexicanas den muestras claras sobre su compromiso con los derechos humanos. Para ello, un primer paso debería incluir al menos el cumplimiento completo de todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la creación de un mecanismo permanente de protección para quienes ejercen labores periodísticas así como para quienes defienden los derechos humanos, y la publicación de indicadores, planes de acción y resultados concretos de los esfuerzos a que se han comprometido para combatir los abusos contra las y los migrantes irregulares en nuestro país. 

Además, es imprescindible que el Congreso de la Unión rectifique el sentido de la actualmente  discutida iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que, en caso de aprobarse, debilitaría gravemente de protección de los derechos humanos. Por el contrario, la propuesta de dictamen debería incluir estrictos controles sobre las labores policiales y aquellas relacionadas con el uso de la fuerza, así como mecanismos claros y efectivos de rendición de cuentas para prevenir y sancionar abusos.

Como lo hemos mencionado en varias ocasiones en el pasado, las fuerzas militares no están diseñadas ni capacitadas para ejercer labores como la revisión en retenes, detenciones, cateos, intervenciones en comunicaciones y obtención de inteligencia.

Por último, Amnistía Internacional envía un enfático exhorto a los congresos de los estados para que aprueben a la brevedad la reforma constitucional de derechos humanos que significará un avance fundamental en la materia.

El año 2010 ha representado enormes preocupaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, las movilizaciones presenciadas en las últimas semanas así como la voz creciente de la sociedad civil organizada que exige dignidad son la muestra mas clara de que el horror no puede ser la última palabra. Hay una verdad distinta que también habita las calles, que se manifiesta en pancartas, en discursos potentes en plazas públicas, en expresiones artísticas, en las decenas de miles de personas que no están dispuestas ya a guardar silencio.

/FIN

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