Frente Auténtico del Trabajo, Mty.

Página del CETLAC-FAT en Monterrey, NL.

Retos y logros de una de las experiencias autónomas más notables

Posted by CETLAC-FAT-Monterrey en noviembre 3, 2010

XV años de la Policía Comunitaria de Guerrero

Retos y logros de la una de las experiencias autónomas más notables de México

La Policía Comunitaria recorre un camino difícil pero importante y vigente como sistema de justicia y seguridad para los pueblos. La CRAC continúa buscando vías para un desarrollo regional atendiendo la salud, educación, comercio y medios de comunicación.
 Sergio Ferrer

San Luis Acatlán, Guerrero. Nueve municipios de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, cuentan con una policía que brinda seguridad a casi setenta comunidades; no recibe sueldo, no pertenece al gobierno y mantiene un sistema de justicia basado en la reeducación. En palabras de Asunción Ponce Ramos, coordinadora de la CRAC “la Policía Comunitaria es una institución de los pueblos creada como una forma de justicia que no se cobra, cimentada en un nuevo derecho, distinto al impuesto por el Estado, vigila la seguridad en los caminos y vela por la impartición de justicia, derecho que fue arrebatado al pueblo”.

Del 13 al 16 de octubre, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán se realizó el Encuentro Nacional por la Seguridad y Justicia de los Pueblos en el marco del XV aniversario de la Policía Comunitaria y la ahora Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

El día 15 de octubre más de mil doscientas personas marcharon desde las instalaciones de la cafetalera Nueva Luz de la Montaña, al centro de San Luis Acatlán, conmemorando la creación de la Policía Comunitaria.

La Policía Comunitaria recorre un camino difícil pero que resulta importante y vigente como sistema de justicia y seguridad para los pueblos. La CRAC continúa buscando vías para un desarrollo regional atendiendo la salud, educación, comercio y medios de comunicación.

El contexto

El estado de Guerrero está compuesto por siete regiones: Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, Centro, Montaña, Norte y Tierra Caliente.

En Guerrero, en las décadas de los sesenta y setenta, saldrían a la luz movimientos de lucha social, teniendo entre sus principales líderes a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, maestros rurales. El Estado, lejos de entender las problemáticas que originaron las movilizaciones, desató una guerra sucia contra defensores de derechos humanos y contra grupos rebeldes armados, dentro de la cual se cometerían cientos de crímenes que aún no se esclarecen.

En los noventa, se suscitarían matanzas de indígenas campesinos que dejaron huellas de impunidad y por las que se continúa exigiendo justicia; Aguas Blancas y El Charco.

En 1995 en la sierra de Coyuca de Benítez, cerca del poblado de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos y 21 heridos, por miembros de la policía motorizada y la policía judicial del estado, en un retén ordenado por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, con el afán de impedir una manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que exigía atención a necesidades básicas y, la presentación de uno de sus compañeros desaparecidos.

En la madrugada del siete de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano rodearon la escuela primaria “Caritino Maldonado” ubicada en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, masacrando a 11 indígenas e hiriendo a cinco más. Esta acción pretendió emboscar a integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Para Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan -creado un año antes que la Policía Comunitaria- el contexto en los años noventa para la emergencia del movimiento indígena, además del levantamiento zapatista en Chiapas, fue la presencia del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.

Barrera Hernández ratificó que si bien fueron luchas fragmentadas, en La Montaña se retomó esa lucha por el territorio, el respeto a los derechos concebidos como una serie de demandas sociales. Ya en los años setenta, el maestro comunista Othón Salazar dejó historia política en el municipio de Alcozauca, marcando esto a su vez a La Montaña.

La búsqueda de una lucha ciudadana alternativa al movimiento guerrillero, cristalizó en un proyecto regional que ahora es un sistema de justicia comunitaria en la zona de la Costa-Montaña.

La construcción de estos procesos, tanto de la Policía Comunitaria como el Centro de Tlachinollan, señala Barrera Hernández, tuvo un acompañamiento eclesial a través de la corriente progresista de la región, como el caso del sacerdote Mario Hernández Campos, uno de los fundadores de la Policía Comunitaria.

Mario Hernández Campos es un sacerdote Na Savi originario de Tototepec, municipio de Tlapa. Para él fue necesario la creación de una policía del pueblo que frenara las bandas de delincuentes que contaban con tácticas para robar, matar o violar a las personas que transitaban los caminos de la costa-montaña.

Luego de reuniones establecidas entre distintas organizaciones, como las productoras cafetaleras de La Montaña, el Consejo Guerrerense 500 años, el ala progresista de la iglesia, entre otros, se acordó la creación de una Policía Comunitaria, que inició sus actividades el 15 de octubre de 1995 luego de una Asamblea Regional en la comunidad de Santa Cruz del Rincón.

Para Hernández Campos, quien fue detenido e interrogado por el gobierno luego de la creación de la comunitaria, “el Estado está al servicio del pueblo, nunca el pueblo estará al servicio del Estado”.

El funcionamiento de la CRAC

El cuerpo de la Policía Comunitaria consta de casi 700 elementos, se regula a través de la CRAC, un consejo de autoridades designado en asamblea popular. El territorio comunitario actualmente se divide en tres regiones, en cada región hay tres Coordinadores Regionales que imparten justicia y tres Comandantes Regionales que coordinan la seguridad, ubicados en tres oficinas o Casas de Justicia y Seguridad Comunitaria: San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec.1

El sistema de justicia de la Policía Comunitaria está basado en un principio de reeducación, esto es, que quien ha cometido una falta, dependiendo su gravedad, le será asignado un lapso de tiempo provisional, en el cual el detenido realizará trabajo durante 15 días en las comunidades que forman la organización, además de que los principales o ancianos de la comunidad, le darán pláticas para buscar su reeducación.

Por primera vez, la CRAC organizó un primer Encuentro Nacional por la Seguridad y Justicia de los Pueblos, al cual asistieron organizaciones que trabajan en Guerrero y a nivel nacional, observadores u organizaciones internacionales como la italiana Ya Basta, que participaron en las mesas de trabajo donde se trataron temas como la salud, la soberanía alimentaria, educación, criminalización de la protesta, preservación del medio ambiente, radios y medios comunitarios.

Entre la lectura de las conclusiones de las mesas, Simitrio Guerrero Comonfort, indígena Na Savi del municipio de Atlamajalcingo del Monte, leyó una carta explicando la inasistencia de los policías comunitarios que vigilan las localidades de ese municipio, informando sobre la situación actual del municipio.

Declaró que los policías comunitarios se encontraban en labores de vigilancia, resguardando la lucha que busca destituir al presidente municipal Isidoro Andrade Pastrana, acusado por las comunidades de supuestos actos de corrupción.

La Policía Comunitaria tiene presencia dentro de este municipio en las localidades de San Isidro Labrador, Santa Cruz y Zilacayotitlán, anteriormente también estaba en Huehuetepec, sin embargo, Guerrero Comonfort asegura que después de sufrir una campaña de desprestigio la comunidad decidió que dejara de funcionar.

Guerrero Comonfort es representante del Consejo Municipal designado mediante usos y costumbres en asamblea general del pueblo, luego de que ésta desconociera desde el 15 de agosto al presidente municipal y al Cabildo, tomando las instalaciones de la presidencia.

Tras un mes de pláticas infructuosas con diputados estatales, alrededor de 500 indígenas de las etnias me´phaa y na savi de Atlamajalcingo del Monte llegaron a la capital del estado, donde marcharían hasta la sede del Congreso exigiendo la destitución del presidente municipal.

Después de una mesa de diálogo, los indígenas regresaron a sus localidades con la respuesta de los diputados de exhortar a Andrade Pastrana a solicitar permiso para dejar sus funciones, la respuesta de éste fue “llegar hasta las últimas consecuencias” ya que no dejaría el cargo, ante esto diputados anunciaron que se definiría un juicio político contra el presidente municipal, actualmente existe contra Andrade Pastrana un juicio de revocación de mandato. Los indígenas de Atlamajalcingo del Monte ratificaron su decisión de boicotear o impedir en el municipio la elección para gobernador a efectuarse en enero de 2011.

Esta lucha –fundamentada en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-seguirá aún con las dificultades que se presenten.

Atlamajalcingo del Monte es un referente histórico de la época independentista en México. Aquí el consumador de la independencia, Vicente Guerrero, estando siete años en La Montaña, mantuvo un campamento durante varios meses en el Cerro de la Purísima, donde resistió embates del ejército realista auxiliado por gente del municipio, los cuales actualmente resguardan el documento firmado por él donde se registra la deuda al pueblo que donó las campanas de la iglesia para que se fundieran y fabricaran municiones. Principales del pueblo aún conservan la tradición oral de aquellos hechos.2

La actualidad de la Montaña

En la montaña de Guerrero, lugar donde convergen indígenas de las etnias me´phaa, na savi y nahua, además de mestizos, se siguen registrando actos de corrupción, fraudes multimillonarios, discriminación y violencia sistemática contra indígenas. No puede faltar la distribución de Coca Cola, cervezas y recientemente las sopas Maruchan por mencionar algunos de los miles de productos que van sacando del camino a los alimentos nativos, además de contaminar a la región.

Las disputas por tierras, son un problema que ha ocasionado recientemente la muerte de comuneros o habitantes de diversas localidades en La Montaña. La problemática de las comunidades contraría las declaraciones del gobierno en el sentido de que todo está resuelto, pues hay conflictos vigentes entre comuneros de Alacatlatzala y Quatzoquitengo y de Tilapa con Tierra Colorada, donde se han registrado decesos y lesionados.

En cuanto a ejemplos de fraudes financieros perpetrados recientemente, dos cooperativas de ahorro popular, han realizado estafas o actuado de manera irregular, en el primer caso la Cooperativa Tlapaneca, efectuó un robo millonario a más de 500 socios distribuidos a lo largo de los municipios de la Montaña. Actualmente la cooperativa AMOR, cuya sede está presuntamente en Veracruz, ha dado largas a los socios, haciéndoles llenar papeles prometiendo pagarles sin que hasta la fecha se haya resuelto su situación. El modus operandi consiste en enganchar a la gente, demostrándole las primeras veces que pueden ganar el doble o triple de lo que inviertan, ante esto, miles de personas de la mayor parte de los municipios de la montaña fueron cooptados con ayuda de gente de las propias localidades.

Por otra parte, la falta de regulación en los precios de los productos es una constante “en la Montaña no hay centavos”. Tiendas de abastecimiento como la trasnacional Chedraui y otras de la región ubicadas en la ciudad de Tlapa han optado por no manejar centavos, y automáticamente se redondean las cantidades.

Con el fin de buscar una buena imagen, el ayuntamiento de Tlapa va desplazando a las mujeres indígenas que se colocaban en las calles a vender sus productos, aunado a esto, encontramos la competencia desleal por parte de empresarios que consiguen sus productos a precios contra los cuales no pueden competir los indígenas de La Montaña.

Migración

La migración a los Estados Unidos de América ha incrementado el poder adquisitivo de algunos habitantes de la Montaña; bancos, locales de telefonía móvil, ropa extranjera, se han asentado en locales de la ciudad de Tlapa. Un mayor estatus en la comunidad lo brinda la construcción de una casa de material, dejando el adobe o el carrizo, antiguos materiales usados en la construcción de casas.

La relación del migrante con La Montaña se dirige por dos caminos; por un lado, existen casos de abandono de la pareja o la familia, el migrante encuentra a otra persona y se olvida de su vida en el pueblo dejando sin recursos a la mujer, que muchas veces se casó muy joven.

En contrasentido, el arraigo por las tradiciones ha originado las mayordomías en Nueva York; un grupo de personas envían dinero a un representante en el pueblo que organizará algún jaripeo o fiesta patronal.

En cuanto a la migración interna, las y los jornaleros aún siguen prestando sus servicios principalmente en los estados del norte del país. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, instó a representantes de instancias federales y gubernamentales a brindar apoyo y medidas preventivas para evitar accidentes, explotación o maltrato a jornaleros. Poco se ha hecho.

De acuerdo con un comunicado de Tlachinollan, una niña me´phaa de Santa María Tonaya, fue arrollada por un camión agrícola en el Estado de México, donde sus padres trabajaban como jornaleros el pasado 8 de octubre. Un día antes, 11 indígenas de esa misma localidad sufrieron un accidente de carretera en el estado de Jalisco cuando se dirigían a su lugar de trabajo, cinco de ellos eran niños.

¿Qué sigue?

En la plenaria de las mesas del encuentro por la seguridad y justicia, los asistentes se pronunciaron por la desmilitarización de los territorios de los pueblos indígenas y por la libertad de las y los presos políticos, así como castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos en el país. Ratificaron a su vez, el apoyo al municipio autónomo de San Juan Copala y un alto al clima de muerte e intimidación que se vive en esa comunidad de Oaxaca.

Para la CRAC es urgente “la construcción de un proyecto integral de vida, no sólo de justicia, sino también buscando la adecuada producción de mercado interno, porque pueblo que no tiene garantizado su alimento no tiene futuro”, señaló Cirino Placido Valerio, consejero de la CRAC.

La vinculación con instituciones como la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR) y el manejo de medios de comunicación comunitaria como el caso de las radios que la CRAC opera en Espino Blanco y en San Luis Acatlán, deberán trabajar en informar y contribuir al desarrollo y generación del buen vivir para la gente de La Montaña y Costa Chica, pensando en que la seguridad y el proyecto integral de vida se puede desarrollar en otras partes del estado, recordando siempre que es un proyecto del pueblo.

EL trabajo conjunto con otras organizaciones de La Montaña y la Costa Chica del estado de Guerrero, resulta necesario para la CRAC. Asimismo se debe considerar la importancia del rol de la mujer en el desarrollo de este proyecto del pueblo para el pueblo.

http://desinformemonos.org/2010/11/retos-y-logros-de-la-una-de-las-experiencias-autonomas-mas-notables-de-mexico/ 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. … … … …

Pronunciamiento conjunto de las organizaciones y comunidades asistentes al “Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos”.

15 de octubre 2010, San Luis Acatlán, Guerrero, Territorio Comunitario.

En el marco del xv aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias (CRAC-PC), las organizaciones sociales asistentes, confluimos en este espacio para encontrarnos, intercambiar experiencias y formas de luchas con la finalidad de solidarizarnos y articular los procesos organizativos que nos permitan caminar de manera colectiva y hacer realidad nuestros derechos.

Considerando que:

1.- Ante la falta de reconocimiento integral y efectivo de nuestros derechos colectivos como pueblos originarios y afrodescendientes, en la Constitución  y ante las reiteradas violaciones a los estándares internacionales que establecen los derechos de los pueblos originarios.

2.-  Que los aparatos de seguridad y justicia del estado, están permeados por la corrupción siendo totalmente incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo. Que su utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar la voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y del sistema capitalista. 

3.- Que a pesar de ser los primeros pobladores de este continente y de participar en los procesos sociales que dieron origen a México como nación y nuestra permanente lucha por mejores condiciones de vida, hasta  la fecha no se valora ni se toma en cuenta nuestros aportes, soslayando nuestros derechos elementales al territorio, a ser sujetos de derecho público, a la autonomía y la libre determinación.

4.- Además de la negativa a reconocer nuestros derechos colectivos, se agrega la sistemática violación a nuestros derechos sociales e individuales establecidos en la constitución. Las leyes y los aparatos de justicia son utilizados para acallar las voces de los que reclaman el cumplimiento efectivo de los derechos. Este gobierno de los multimillonarios ha convertido el derecho a la protesta en un delito, dando un trato de criminales a los luchadores sociales, mientras que los verdaderos delincuentes gozan de la protección e impunidad del estado.

5.- La política entreguista de este gobierno convierte en negocio privado nuestros derechos elementales a la educación, salud, vivienda,  producción y alimentación para exentar al estado de su responsabilidad social, lo que representa una flagrante violación a la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales. Los programas sociales de este gobierno más que una solución a la pobreza y marginación constituyen una herramienta de cooptación y manipulación política, que diezma nuestra identidad y organización comunitaria. 

6.- Las leyes, políticas, programas, megaproyectos que sigue implementando el gobierno en los territorios de los pueblos originarios, ignoran la decisión y la existencia misma de los pueblos, justifican el despojo y violan flagrantemente los instrumentos jurídicos internacionales.

7.- La cultura patriarcal impuesta en nuestro país en los últimos cinco siglos ha dado un trato de objeto comercial y sexual a las mujeres y de manera racista las discrimina en lo político, económico y lo social por ser mujer, pobre e indígena. Esta concepción discriminatoria que desvaloriza los aportes de las mujeres ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad, incluido los movimientos sociales y los partidos. Dejando en estado de indefensión  a las mujeres ante las instituciones gubernamentales y las políticas públicas.

8.- Ante la voracidad de los empresarios con la complicidad del gobierno para adueñarse del espacio radioeléctrico y seguir gozando de los dividendos que genera el negocio de los medios han creado las leyes para su beneficio, dando un trato de criminales a las comunidades que impulsan las radios comunitarias, libres,  populares y otros medios alternativos de comunicación en manos del pueblo, lo que impide el pleno ejercicio de libertad de expresión, dejando al pueblo a merced del monopolio de los medios masivos de comunicación, desde los cuales ejercen el control político.     

9.- El Estado – Nación de México se constituyó como la expresión de las clases poderosas y no del pueblo pobre y mucho menos de los pueblos originarios, cuyos derechos han sido negados históricamente.  La clase política que ejerce el poder en este país no representa los intereses del pueblo trabajador y carece de legitimidad y ha conducido al país a un desastre económico, a una guerra de exterminio por todos los medios y a un callejón sin salida. Por otra parte ha declarado la guerra a todas las formas legítimas de organización y gobierno de los pueblos originarios, desde donde se construye una nación en la que quepamos todas y todos.

Por  lo tanto, con la fuerza y legitimidad que nos dan nuestros derechos ancestrales, proponemos:

Primero: Seguir luchando por el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios en la Constitución y seguir ejerciendo nuestra autonomía y libre determinación en la vía de los hechos, para que junto con los demás sectores oprimidos construyamos la nueva patria.

Segundo: Fortalecer y reivindicar nuestros propios sistemas de seguridad y justicia emanados desde el pueblo y para el pueblo como es el caso de la CRAC-PC, basados en los valores de servicio, honestidad y reeducación.

Tercero: Recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos y de nuestros héroes que desde tiempos inmemoriales han resistido y se han levantado en contra de las injusticias y el sometimiento pero que la historia oficial los ha borrado; valorando los aportes que para la construcción de esta nación hemos hecho, como en los procesos de lucha por la Independencia, Revolución y las luchas de liberación de los años sesentas del siglo pasado.

Cuarto: Reconocernos todos en cada uno de los movimientos que luchan buscando mejores condiciones de vida, solidarizándonos ante la represión, fortaleciendo los lazos de apoyo mutuo, comprometiéndonos aportar nuestros modestos esfuerzos para construir un camino común.

Quinto: Fortalecer los espacios y proyectos de educación, de salud, vivienda alternativas que nacen y responden a los intereses y necesidades de las comunidades. Nos proponemos decidir lo que sembramos producimos e intercambiamos, recuperar nuestras semillas criollas, dejar de ver la tierra como algo que se puede explotar y envenenar para satisfacer una necesidad, fortalecer la conciencia colectiva de que la tierra es la parte esencial de la vida. Rescatar nuestras relaciones de intercambio de productos, donde lo más importante sea la sana alimentación antes que el comercio para el enriquecimiento. Defender y utilizar de manera racional nuestros recursos naturales. 

Sexto: A no legitimar las leyes, programas, políticas públicas y megaproyectos que nos desconocen de origen, como es el caso de la  reforma a la constitución que impulsa la cúpula de poder en Guerrero.

Septimo: Promover la participación plena y el respeto de los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y equidad de género.

Octavo: Generar, fortalecer y ampliar los sistemas de comunicación comunitaria y alternativa en manos del pueblo. Exigimos respeto y cese a la persecución y represión en contra de las comunidades y colectivos que promueven las radios comunitarias, alternativas y populares.

Noveno: Promover, fortalecer ampliar todas las experiencias y formas de participación y organización comunitaria  para construir desde el aquí y ahora, desde abajo y a la izquierda una nueva nación en donde todas y todos, seamos partes integrantes.

Nos pronunciamos por:

-La desmilitarización de los territorios de los pueblos indígenas y la libertad de todos presos políticos así como el castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

-Presentación con vida de todos los desaparecidos.

-Exigimos el respeto absoluto al uso de nuestros propios sistemas normativos

www.policiacomunitaria.org

 

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