Frente Auténtico del Trabajo, Mty.

Página del CETLAC-FAT en Monterrey, NL.

Reforma laboral panista anula derechos de los trabajadores

Posted by CETLAC-FAT-Monterrey en abril 7, 2010

A continuación les pasamos varios articulos que describen la forma en que la propuesta de reforma laboral, que presentó el PAN por encargo de la clase empresarial, golpeará gravemente los derechos de la clase trabajadora expresándose en más explotación, más control y más pobreza.

Alberto Aziz Nassif

EL UNIVERSAL. Investigador del CIESAS

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47828.html

La clave de la reforma laboral
30 de marzo de 2010 // <![CDATA[//
Hace dos años, en abril del 2008, en estas mismas páginas escribí un artículo en donde señalé que el proyecto de reforma laboral tenía un problema grave porque nos dejaba el peor de los mundos: “mucha flexibilidad, subcontrataciones, reglamentación para las contrataciones especializadas (outsourcing), un gran desglose administrativo, pero con los mismos controles autoritarios, con abiertos pasos atrás en materia de transparencia y con serios retrocesos para la contratación colectiva”. Ahora, la única diferencia es que ese proyecto se ha convertido en una iniciativa de ley presentada por el PAN en la Cámara de Diputados.

Se habla de la reforma laboral como si fuera una reforma estructural, pero en realidad no cambia el sistema básico de control y falta de libertad sindical, digamos que más bien se trata del viejo corporativismo, con más flexibilidad, los mismos odres del control, ahora con dominancia del sector patronal. Se ha cambiado el eje del control, ya no es el Estado en el esquema del partido hegemónico y charrismo sindical —hoy en decadencia, pero todavía en los puestos de control—, ahora son los sectores empresariales los que mandan. Esta reforma no propone los cambios básicos de cualquier modelo laboral que se respete en un país democrático: libertad, justicia, protección social y contratación colectiva.

Esta iniciativa fortalece el corporativismo. En México la gente se afilia a un sindicato mediante la contratación y hay dos formas de entrar al mundo de la contratación colectiva, una es la vía voluntaria, en donde el patrón selecciona a su sindicato y la otra es mediante un emplazamiento a huelga. En el mundo laboral se dice que la primera es abrir la puerta por las buenas y la otra es empujarla. México es, quizá, de los pocos países en donde el empresario escoge a su sindicato. Una vez firmado un contrato, si se quiere un cambio, sólo queda la ruta de buscar la titularidad. Con esta reforma esa vía quedaría cancelada.

En un modelo democrático se considera que un sindicato real es el que elige a sus representantes de forma legítima, informa sobre el destino de las cuotas y toma decisiones en asamblea sobre las condiciones de la contratación colectiva. Tener una contratación laboral real en el mundo de la pequeña y mediana empresa es una misión casi imposible, porque abundan las amenazas, los golpeadores, los despidos y los maltratos. Ese el mundo real de las relaciones laborales en México. Tenemos una tasa de sindicalización muy baja, se calcula que de la población económicamente activa sólo 10% está afiliado a un sindicato, pero 90% del sindicalismo es de protección.

En caso de aprobarse esta iniciativa, se terminaría hasta con ese pequeño porcentaje. Sólo hay que ver el artículo 899-A en su fracción IV, en donde se establece que para la demanda de titularidad de contrato se necesita un “requisito de procedibilidad” para que pueda aprobarse por la “autoridad registradora”, que en este caso son la juntas a nivel local y la Secretaría del Trabajo a nivel federal.

En los estados es el gobierno estatal, el líder sindical hegemónico, en muchos casos la CTM y el representante patronal, en múltiples ocasiones el representante de la Coparmex; esos tres actores serán los encargados de autorizar el recurso a los demandantes de un cambio

de titularidad. ¿Cuándo procederá el trámite? Nunca.

La otra parte del modelo tiene que ver con la justicia laboral, esa de la que hay muy poco en México. En vez de solucionar el problema de los juicios que se alargan hasta el infinito, mediante una propuesta que haga un sistema eficaz, imparcial y expedito de justicia, en donde desaparezcan las juntas y se hagan tribunales de pleno derecho, integrados al Poder Judicial, igual que se hizo en el ámbito electoral, se propone un límite de seis meses a los salarios caídos. En materia de transparencia se hace una redacción llena de mañas, se dice que la información se publicará “de preferencia” y en la “versión pública”. ¿De qué se trata? La transparencia se deja a la voluntad del funcionario, ver los artículos 365 bis y 391 bis.

En la exposición de motivos se define al trabajo con el adjetivo de “decente”, que debería ser un trabajo bien remunerado, con protección social y con una concertación laboral real, como lo entiende la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 87 (libertad sindical) y en el Convenio 98 (contratación colectiva). La propuesta patronal del PAN no tiene nada que ver con los lineamientos marcados por la OIT. Este proyecto es, para decirlo rápido, el mundo ideal de los abogados empresariales: más control, menos justicia, sin transparencia y con flexibilidad unilateral.

Alejandro Encinas Rodríguez
Iniciativa patronal

30 de marzo de 2010 http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47832.html
El secretario de Trabajo, Javier Lozano, presentó una iniciativa de reforma laboral que conculca dos de las conquistas más importantes alcanzadas en el derecho mexicano, el de la responsabilidad del Estado de tutelar —al igual que en el derecho agrario— las relaciones entre patrones y trabajadores, es decir, las relaciones entre desiguales, así como las de garantizar la seguridad en el empleo, evitando los abusos en la explotación de la fuerza de trabajo. La iniciativa retoma al Fondo Monetario Internacional que insiste en la “necesidad” de flexibilizar las relaciones laborales.

La llamada flexibilización del trabajo, busca establecer nuevas formas de contratación y despido, por hora, jornada, mes, contratos a prueba o de capacitación inicial, sin responsabilidad para el patrón y sin seguridad social, pago de prestaciones ni acumulación de derechos, aunque la materia de trabajo subsista, o creando figuras como la subcontratación de algunos servicios en los que la empresa no tiene ninguna responsabilidad. La propuesta limita la justicia laboral, pues permite despidos sin responsabilidad para el patrón antes de los tres años de antigüedad y fija un límite de seis meses para los salarios caídos, con lo que el patrón puede alargar indefinidamente un juicio.

Infringe los derechos colectivos al establecer mayores restricciones al derecho de huelga, la creación de sindicatos y el cambio de titular del contrato, al exigir en el recuento la entrega previa de las firmas de los trabajadores y sus credenciales para que la anacrónica Junta Federal de Conciliación y Arbitraje los califique, lo que implica despidos y amenazas, a lo que se suma como causal de inexistencia de huelga el incumplimiento de las disposiciones estatutarias del sindicato.

El señor Lozano lanza como anzuelo medidas que garanticen los derechos de las mujeres trabajadoras durante el embarazo o la lactancia, así como eliminar el certificado de ingravidez, cuando la flexibilización en su contratación abona en la relación individual y en la competencia desigual debido a la responsabilidad familiar que recae en las mujeres ya que el Estado y la sociedad no asumen la responsabilidad sobre la reproducción de la fuerza de trabajo.

Lo mismo sucede con las propuestas que pretenden fomentar la transparencia y democracia sindical, en las que si bien retoma planteamientos de la izquierda, atentan contra la libertad y autonomía sindical al fortalecer la intervención de la JFCyA y al establecer el eventual no pago de cuotas sindicales, cuando se debe fortalecer la libertad de afiliación, de asociación y registro de sindicatos, ya que medidas de esta naturaleza favorecen a los sindicatos de protección y a las mafias sindicales. Ahí está como ejemplo la impunidad y protección gubernamental y patronal de que gozan dirigentes como Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo y Ramón Gámez, este último prófugo de la justicia.

Se insiste en que esta reforma generaría más empleos, como si los derechos laborales fueran impedimento. Por el contrario, la política salarial impuesta en las últimas tres décadas ha depreciado el salario al mínimo histórico, acumulando una pérdida de su poder adquisitivo, a partir de los años ochenta, de 82%. Al mismo tiempo, más de 9 millones de mexicanos viven con un salario mínimo o menos. De establecerse la jornada por hora, lejos de crearse nuevos puestos de trabajo se fragmentará el mercado laboral y al mantenerse el salario mínimo, se pagará en el mejor de los casos 6 pesos 50 centavos la hora, es decir, habría quien percibiría 30 pesos por media jornada.

Se repite hasta el cansancio que para que haya empleo debe haber empleadores y ello justifica corruptelas y concesiones. Lo que no se dice es que para que exista mercado interno debe haber consumidores, lo que implica salarios bien remunerados. En el fondo, el debate confronta el viejo dilema entre derechas e izquierdas, entre quienes creen que la riqueza la produce el capital y quienes estamos convencidos de que la fuente de la riqueza es el trabajo.

Graciela Bensusán
El desacuerdo de fondo en la reforma laboral

30 de marzo de 2010 http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47830.html
Reducir el alcance de la reforma al ámbito de la Ley Federal del Trabajo sin tocar el artículo 123 constitucional, como lo hace la iniciativa presentada por diputados del PAN, no garantiza a los trabajadores el respeto de sus derechos fundamentales. Es una estrategia para conseguir el apoyo del PRI y su sector obrero a cambio de conservar las instancias tripartitas que impiden una auténtica representación sindical y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, y favorece de paso a los empleadores.

Aquí se condensa el desacuerdo entre las fuerzas sociales y políticas. No es un desacuerdo menor porque refleja un diagnóstico diferente de los problemas laborales que enfrenta el país, atribuidos en esta iniciativa de manera sobredimensionada a las deficiencias que presenta la legislación vigente. Sin embargo, no se puede eludir el debate ideológico y político que genera el cambio de reglas del juego que inciden en la distribución de los recursos de poder del gobierno, los sindicatos, los trabajadores y los empleadores y en el tipo de desarrollo y de democracia que se quiere promover.

Las reacciones desatadas al difundirse la iniciativa del PAN expresan este desacuerdo. Por una parte, está el diagnóstico de la exposición de motivos, basado en los índices del BM que colocan a México en una situación desfavorable porque tiene normas rígidas en materia de empleo. La prioridad entonces es flexibilizarlas con la ilusión de que se felicite al país por reducir la protección al trabajador.

El secretario Javier Lozano argumentó que lo importante es tener empleo, no su calidad. De ahí que nada se diga respecto a cómo elevar los salarios mínimos que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Menos se tiene la adopción de un seguro de desempleo. Tampoco se explica por qué la productividad y la competitividad no han mejorado, si ya son mayoritarios los empleos precarios, se registra una alta tasa de rotación laboral y casi no hay huelgas.

La receta es “formalizar” la informalidad. Este es el diagnóstico simplista que respaldan la OCDE y los empresarios pronosticando sin el menor fundamento, que esta reforma hará que el PIB esperado para el 2010 se incremente en tres puntos porcentuales.

En contra de esta perspectiva, están los cuestionamientos que se han hecho a los índices del BM como fundamento para adoptar políticas públicas: no captan la complejidad de las leyes, ignoran los beneficios de la protección laboral, se contraponen al esfuerzo de la OIT a favor del trabajo decente y las ventajas de contar con interlocutores representativos para aumentar al mismo tiempo la flexibilidad, la productividad y la calidad del empleo. Estudios elaborados por la OIT y la Cepal han mostrado el drástico deterioro de los indicadores laborales generados por las reformas de los 90, inspiradas en las recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Este fracaso llevó al BID en 2004 a relativizar las ventajas de los contratos temporales y a varios países de la región a restaurar la protección en materia de despidos y derechos colectivos. Ello ocurrió a la par que la política macroeconómica colocó en el centro la generación de empleo formal y protegido, los sindicatos recuperaron o fortalecieron su capacidad de interlocución, aumentaron los salarios y se amplió el mercado interno. Se lograron paralelamente altas tasas de crecimiento y menores pérdidas en la reciente crisis.

La iniciativa del PAN no toma en cuenta estas experiencias y no resuelve problemas fundamentales lo que explica el rechazo del PRD, a pesar de que admiten la necesidad de una reforma e incluso avalarían aspectos puntuales de la misma dentro de un nuevo esquema. Los cambios que propone el PAN en materia de derechos colectivos y su combinación con una menor estabilidad laboral cerrarán aún más el paso a la formación de sindicatos independientes. No favorecerán la reconstrucción de la obsoleta estructura sindical, respecto de lo cual no sólo no se ofrece remedio alguno, sino que se amplían sus posibilidades. Esto es lo que les resulta inaceptable.

No se contempla la creación de un registro público con total autonomía para encargarse de la inscripción de los sindicatos, la toma de nota de las directivas y el depósito de los contratos colectivos. Se restringe la libertad de los trabajadores para escoger la mejor manera de defender sus intereses al mantener una tipología sindical restrictiva y crear obstáculos para el funcionamiento de sindicatos gremiales. Se aumentan los requisitos para lograr la contratación colectiva y ejercer el derecho de huelga y las facultades de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para intervenir en estos procesos, imponiendo el arbitraje obligatorio después de sesenta días.

Se prohíben las cláusulas de exclusión por separación, sin incluir reglas y procedimientos eficaces para sancionar a los empleadores y resarcir a los trabajadores del daño causado por prácticas antisindicales. ¿De qué servirá que los trabajadores puedan escoger sus dirigencias por voto secreto y directo, exigir la rendición de cuentas o negarse a pagar cuotas, si mucho antes los empleadores los obligarán a renunciar a los sindicatos como condición para conservar el empleo? Habrá que ver si estos cambios sobrevivirán a las condiciones que impondrían los legisladores del PRI para respaldar la iniciativa.

Más que inquietarnos por el clima político adverso a la reforma debido a las alianzas y campañas electorales, lo urgente es compatibilizar estos contrastantes diagnósticos y encontrar una respuesta equilibrada a los problemas laborales que enfrenta el país, tomando en cuenta las experiencias vividas en América Latina y menos los indicadores del BM.

Analista laboral

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2 comentarios to “Reforma laboral panista anula derechos de los trabajadores”

  1. Margarito Zùñiga Zarate said

    En Nuevo León,y creo que en la mayor parte ded la república,hace falta la iformacion a los trabajadores,pues los partidos políticos de izquierda han desmantelado su medio de información priorizando el aspecto electoral (incluido al PRD).Es urgente que se busque la manera de romper ese cerco informativo creado por el sistema democrático burgués.La tarea es dificicil ,pero no imposible.
    Gracias por su información.

  2. malaquias serrato said

    preciso, conciso y veraz. Hace 12 años fui lider del sindicato del IMSS en Michoacan y desde entonces, ahora de manera independiente, lucho abiertamente en contra la reforma sin el concenso de los trabajadores. Este 10 de mayo sere orador en un evento publico, agradecere algo mas de informacion, sobre todo en cuanto a la palabra que me parece clave “flexibilidad”.
    Muchas gracias

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